Sindicatos: Las hienas del mercado laboral

Pocos se atreven hoy en día a denunciar una institución tan arraigada en nuestra sociedad como los sindicatos. En mi caso, esta denuncia no es tanto a cuenta de su propia naturaleza (salvaguardar los intereses de un colectivo: los asalariados), sino más bien por aquello en lo que, a mi juicio, han degenerado.

No seré yo quien ponga en tela de juicio la necesidad de una institución que defienda y represente a los trabajadores por cuenta ajena. La mejora, por ejemplo, de las condiciones laborales no es sólo un logro para el asalariado a costa del empleador, en tanto un ambiente de trabajo adecuado es condición necesaria para lograr niveles de productividad competitivos y, en consecuencia, una situación preferible tanto para el empleado (en forma de mayor salario, por cuanto este viene determinado por su productividad) como para el patrón (en forma de mayor rentabilidad).

Manos entrelazadas

Así pues, si la labor de los sindicatos se redujera a la negociación colectiva pacífica bajo un marco legal neutral (la ley debería ser igual para todos), este artículo carecería de sentido. Empero, la realidad es que los sindicatos recurren a métodos más que cuestionables para impulsar su agenda.

En primer lugar, amparados por una legislación laboral configurada para sobreproteger al trabajador, disfrutan de una serie de privilegios que perjudican en gran medida el funcionamiento del mercado laboral. Pensemos, por ejemplo, en los delegados sindicales. Es un hecho que despedirlos resulta más difícil que divorciarse (en especial desde que existe el divorcio exprés). Esto tiene serias repercusiones en la competitividad del tejido empresarial español, por cuanto dificultar el despido implica dificultar la contratación.

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Perpetuar en su puesto a un trabajador ineficiente a resultas de una legislación que blinda su puesto constituye un terrible incentivo: Al cabo, el trabajador puede permitirse el lujo de no rendir a sabiendas de que no va a perder su puesto de trabajo. Esta situación de privilegio no es exclusiva de los delegados, sino que es extensible a los afiliados. En gran medida, el privilegio que en España disfrutan los contratos fijos respecto a los temporales se explica por el blindaje de los primeros gracias a la afiliación sindical. Ésta dificulta en demasía la flexibilidad del mercado laboral y redunda en que ciertos trabajadores devengan intocables y se conviertan en una fuente de merma de productividad. Este panorama de sobreprotección del asalariado tiene su origen en el régimen Franquista, donde el despido estaba prácticamente proscrito y el mercado laboral español lastraba la economía nacional convirtiéndola en una de las menos competitivas de occidente.

Estos problemas, endémicos al mercado laboral español, se agravan a cuenta de la legislación laboral vigente. Rasgos típicos de la regulación laboral de los países de la OCDE como el salario mínimo, la limitación de horario laboral a 40 horas semanales, la obligación de remunerar mejor las horas extra o las nocturnas, las vacaciones pagadas o las bajas remuneradas contribuyen a perseverar en la rigidez del mercado de trabajo. La teoría económica nos dice que el laboral no se diferencia de cualquier otro mercado: Los ofertantes (trabajadores) venden su fuerza de trabajo a cambio de una contraprestación que puede ser dineraria (salario) o en especie (seguros médicos, tíckets restaurante, etc), dependiendo su disposición a trabajar del coste de oportunidad de trabajar en términos de ocio y de la utilidad marginal de la compensación. Por su parte, los demandantes de trabajo (empleadores) contratan horas de trabajo dependiendo del valor presente de la productividad de las horas de trabajo (condicionada por el precio final del producto). Analizar las consecuencias de las regulaciones antes citadas da para otro artículo, pero se resumen en más paro y, por ende, pobreza.

Dejando de lado el muy negativo impacto de las prebendas de las que gozan los sindicatos, existe una circunstancia en su naturaleza que debería indignar con mayor celo a la sociedad civil: Su financiación. La fuente de ingresos de los sindicatos es, como es sabido, el erario público. Tanto afiliados a los mismos como los trabajadores que se mantiene al margen están obligados, a punta de pistola, a pagar de su bolsillo por la existencia de este viejo grupo de presión. A nadie sorprenderé si afirmo que la popularidad y aceptación de los sindicatos se derrumba recientemente a cuenta de ciertos casos de corrupción por todos conocidos. Quien escribe estas líneas tan solo espera que la indignación de la sociedad civil prosiga su escalada y que, con el tiempo, pongamos fin a los privilegios de los sindicatos.

ValdeCarlos Valderrama Montes

Presidente de Students for Liberty Barcelona, Diplomado en Ciencias Empresariales y estudiante del Doble Grado de Estadística y Economía (UB y UPC).

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