La ley antidesahucios solo perjudicaría a los más pobres

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Ante la tragedia de los desahucios en toda España, muchos nos hemos visto abocados —empujados por la rabia y la frustración de ver a mucha gente sufrir— a pensar que una ley que los impidiera sería la solución a este gran problema social. Y así lo creímos muchos fervientemente y con convicción.

Sin embargo, algo que nos caracteriza a la mayoría de personas —excepto algunos sociópatas incapaces de sentir empatía o compasión— es el deseo del bienestar, ajeno y propio, porque contribuye a formar una sociedad mejor y a mantener un estado de paz más duradero. ¿Pero qué ocurre, no obstante, cuando nos paramos a analizar razonablemente y de manera práctica y rigurosa nuestros deseos? Que nos damos de bruces con la realidad. Y el caso de los desahucios, por desgracia, es un caso más.

Si analizamos de cerca el problema, nos damos cuenta de que, actualmente, una persona pobre no podrá acceder jamás a comprarse una vivienda, ni aunque quisiera, porque después de una crisis hipotecaria de banqueros ambiciosos —precedida de una burbuja inmobiliaria que nos hizo creer a muchos que éramos más ricos de lo que somos y nos volvió manirrotos y despreocupados— como la que hemos vivido, los bancos no prestarán dinero a cualquiera: requerirán que se presenten avales, una nómina ingente, un contrato fijo —que todos sabemos lo difícil que es conseguirlo en estos tiempos y, probablemente, ya para siempre debido al cambio de paradigma laboral— e incluso unos intereses descomunales para asegurarse de que, si no pagamos, al menos ellos no sufrirán tanto las pérdidas (porque recordemos que, un banco presta dinero de otros clientes, no el suyo, que lo tienen depositado en su entidad, y que un banco no es una ONG, sino una empresa que como tal cumple un servicio a cambio de un pago, y como intermediario entre el acreedor o prestamista y el deudor, debe satisfacer a ambos clientes).

Por otro lado, queda la opción de comprar la vivienda: frente a un gran riesgo de desahucio, ¡me la compro y es mía! Y si tú, lector, puedes conseguirlo, adelante, es fantástico, es el mejor momento para comprar. Si tienes dinero, claro. Pero los menos pudientes no podrán acceder. Y con esta ley, los menos pudientes tampoco podrán alquilar, porque los propietarios más humildes no querrán arriesgarse a que un inquilino se quede en su casa, no pague los gastos de consumo, le descuide y destroce la vivienda, tenga alguna plaga o riesgo de incendio que pueda afectar incluso al resto de vecinos del edificio, meta a extraños a vivir allí e incluso la subalquile a sus espaldas y se la destroce, si por ley no pueden echarle y encima tendrán que pagar todos los daños de su propio bolsillo. Desde luego que esto al rico y lobbista no le importará, porque seguirá alquilando a personas con dinero y podrá sufragar los costes de los daños, pero para el propietario humilde, sale más a cuenta dejar la vivienda vacía. No les dará ingresos pero tampoco pérdidas ni problemas con los inquilinos ni la comunidad de vecinos.

Y así es como vemos que quien sale perdiendo con una ley anti-desahucios es el pobre y que es contraproducente y contradictorio defender una ley anti-desahucios y querer impedir que haya viviendas vacías. Es querer quedarse solo con la parte buena de las cosas sin tener en cuenta las consecuencias que inevitablemente van aparejadas a cualquier medida.

Pero esto no quiere decir que tengamos que dejar a las personas morir de frío o inanición en la calle; esto no quiere decir que debamos despreocuparnos ni, como dicen algunos, «dejar que el pobre sufra las consecuencias de su irresponsabilidad él solo». Errar es humano y todos podemos vernos en una situación similar algún día —especialmente cuando la irresponsabilidad va aparejada de maldad por parte de banqueros y una ley injusta—. Por tanto, una solución podría ser que prime el contrato entre el inquilino y el arrendador, que se pueda negociar y, si no te gusta, puedas buscar otro arrendador más razonable y dispuesto a ayudar; previendo estas situaciones contratando un seguro, o, en caso de no ser suficiente para evitar los desahucios, ayudar a los que están en riesgo de desahucio o exclusión social mediante ONG’s, asociaciones privadas, donaciones, micromecenazgo (crowdfunding), solidaridad, con campañas en internet, o, incluso, un fondo estatal para este tipo de sucesos dramáticos. Pero desde luego, nunca desde una ley que perjudicaría tanto a los más pobres que necesiten acceder a una vivienda, aquellos y sin medios para comprar, como a los propietarios más humildes que necesiten esos ingresos de renta para sobrevivir —en caso de tener todos los miembros en paro, ser jubilado con una pensión muy reducida, entre otros, puesto que recordemos que tener una propiedad no es sinónimo de ser rico: todo depende del valor de mercado de esa propiedad— o vivir un poco más holgadamente, para aquellos humildes que por suerte no están sufriendo tanto el duro golpe de la crisis.

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María Rand

Liberal libertaria. Inconformista, soñadora y amante de la libertad. Alérgica a la autoridad, la deshonestidad y el abuso. Ni PPSOEIU ni Podemos.

Twitter: @MarjaneRand

 

 

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