La democracia también falla

democracia falla

A  medida  que  me  he  ido  formando  en  la  ciencia  económica  he  ido descubriendo varios errores y debilidades en la democracia, hasta el punto de concluir que no es el mejor sistema de organizar la política. En este artículo expondré mis conclusiones, influenciadas tanto por mi desconfianza hacia el estado como por la escuela de la elección pública o public choice school. Aviso desde  el  comienzo  que  la  mayoría  de  los  errores  de  la  democracia  que menciono hacen referencia al sistema actual de democracia representativa. Por lo tanto, no todos los argumentos presentados en este artículo son aprovechables para criticar otros tipos de gestión pública como la democracia directa o democracia líquida, que también cuentan con numerosos inconvenientes.

En los libros de texto de economía encontramos a menudo un capítulo dedicado a los “fallos de mercado”, pero casi no encontramos “fallos de estado” o “de democracia” (puesto que la mayoría de estados occidentales son considerados democráticos). Vamos pues a discutir, punto por punto, por qué la democracia no es el mejor sistema posible. Los puntos que trataré son los siguientes: ignorancia racional, la importancia de los lobbies, el concepto de representación, la miopía gubernamental y la falta de incentivos de actuar eficientemente.

Para explicar lo que se denomina ignorancia racional aplicado a la democracia, hay que empezar definiendo el concepto de bien público. Para hacerlo, utilizaré la definición y un ejemplo del profesor Sala-i-Martín, que se caracteriza por explicar conceptos económicos de manera sencilla. Según el profesor, este tipo de bienes «son aquellos que mucha gente puede utilizar a la vez […] y cuando uno los utiliza, el beneficio es para el usuario pero los costes se comparten entre todos». Y pone el ejemplo de las tierras de pasto: «Si las tierras de pasto son comunales (como lo eran lo la Europa medieval), la hierba que come mi vaca me beneficia a mí, el propietario, porque permite que mi vaca de mejor leche o mejores terneras. Sin embargo, la destrucción que genera mi vaca [coste] cuando come, es compartida por todos los propietarios de vacas puesto que ellas se quedan sin pasto para comer». En democracia, en el momento de enfrentar un proceso electoral, pasa algo pareciendo, pero a la inversa. Todos estaríamos de acuerdo en que el votante perfecto sería aquel quien sigue la actualidad  política  en  la  prensa,  se  lee  todos  los  programas  electorales, compara todas las propuestas y hechos de los partidos políticos y, después de una profunda reflexión que puede durar días, vota. Esto, que sería ideal, nadie lo hace. ¿Por qué? Pues porque al tratarse la democracia de un «bien público a la inversa», no hay incentivos para hacerlo. El votante perfecto, al informarse, deliberar y votar, está asumiendo todo el coste, pero el beneficio no es todo por él sino que es compartido con los otros más de 20 millones de votantes. En el argot económico diríamos que se privatiza el coste y se socializa el beneficio.

¿Te interesaría un negocio en el que tienes que realizar una gran inversión inicial tu solo y, si hay beneficios, los tienes que compartir con millones de personas que ni conoces? La respuesta general es no. Sin embargo, hay un caso en que el beneficio de votar se maximizaría y el beneficio que obtendría el votante en cuestión sería significante: el caso en que su voto sea el decisivo. Sólo hay un problema: esto es casi imposible(*). En las elecciones generales en España de 2011 hubieron, aproximadamente, 25 millones de votos. La probabilidad de que tu voto sea el decisivo es de 1/25.000.000, es decir, 0’000004%. Es 250 veces más probable que te toque la lotería o 5.000 veces más probable que te mueras en un accidente de coche ¡yendo a votar! Es decir,  si en las últimas elecciones no hubieras votado, o hubieras votado totalmente lo contrario, ¡el resultado hubiera sido el mismo! Cómo vemos, al ser el beneficio de votar insignificante, lo que acaba pasando es que aquello racional en un proceso electoral es ser un pasota (votar sin conocimiento de causa o no votar). Debido a la falta de incentivos que tenemos al votar con conocimiento de causa, acabamos votando basándonos en elementos emotivos o triviales. Se produce una futbolitzación de la política y de la democracia. Igual que para un aficionado del FC Barcelona los del Barça son «los buenos» y los del Real Madrid «los malos», el mismo efecto se produce entre determinantes votantes. El voto emotivo y trivial, de buenos y malos, se puede ver claramente en familias afectadas por la Guerra Civil. Se asocia el PP con el franquismo (muchos de sus miembros fueron cargos políticos de la dictadura) y al PSOE con la Segunda República (fue uno de los partidos republicanos más importantes en este periodo). Un nieto de un republicano fusilado por Franco nunca jamás se planteará votar al PP, puesto que lo asociará rápidamente con quienes acabaron con la vida de su abuelo, aunque en su programa (ni se lo leerá) hayan más propuestas de su interés que en las del programa del partido al cual vota. Lo mismo en el caso de un católico que vota a la derecha y no se plantea votar al PSOE ni a IU por las salvajadas que hizo parte de la izquierda durante  la  guerra  civil  en  contra  los  religiosos.  Para  acabar  poniendo  un ejemplo de voto emotivo, un votante catalanista que desea, por encima de todo, la independencia de Cataluña por motivos puramente emocionales, ni se planteará leer el programa de Ciutadans, ni mucho menos votarlo, aunque coincida con ellos en un 90% y, en cambio, sólo tenga un punto en común con el partido que apoya. Resumiendo, no tenemos incentivos para realizar un voto informado  y  razonado,  y  acabamos  votando  por  elementos  emotivos  o triviales, cosa que provoca que el resultado de las elecciones no sea el ideal.

Otro de los fallos de la democracia es la presencia y la influencia de los lobbies. Estos grupos tienen la característica de unir bajo el mismo paraguas a individuos  que  tienen  un  mismo  interés  prioritario  y,  al  ser  bastante numerosos, influyen fuertemente al poder político para conseguir privilegios a cambio de votos. Los candidatos políticos no están interesados en el votante individual normal y corriente. Su único voto les aporta muy poco, no les hará ganar la elección (ya hemos visto que el hecho de que un partido gane por tan sólo un voto de diferencia es casi imposible). En cambio, el voto de los miles de personas que forman parte de estos grupos de interés les pueden aportar muchísimo, e incluso les pueden resultar imprescindibles para obtener una victoria electoral. Los políticos, pues, se concentran en conseguir el voto de estos colectivos más o menos concentrados y organizados prometiendo concederles privilegios, o manteniéndoselos en caso de que ya los tengan, aumentando el beneficio de los grupos en cuestión, en vez de centrarse en el beneficio común. El coste de estos privilegios a los grupos de interés queda diluido entre los millones de contribuyentes, pero el beneficio lo disfruta tan sólo el «lobby». Ejemplos de grupos privilegiados de interés pueden ser los pequeños comerciantes, los funcionarios, la Iglesia Católica, los sindicatos, las patronales, pensionistas, cine, etc.(**) Quién proponga eliminar privilegios a alguno de estos grupos, perderá el voto de sus miembros. ¿Por qué ningún partido, o casi ninguno, propone la tan necesaria liberalización de horarios comerciales en Barcelona? Porque quién lo haga perderá el apoyo de los pequeños comerciantes. ¿Por qué ningún partido propone la eliminación de los privilegios de los cuales disfrutan los funcionarios y pasar a tratarlos como trabajadores de una empresa privada? Porque quién lo haga perderá el apoyo de todos los funcionarios. ¿Por qué los partidos políticos japoneses realizan tantas propuestas a favor de los jubilados y tan pocas para la gente joven? Porque la pirámide de población del Japón se está invirtiendo, hay muchos más jubilados que jóvenes, y los políticos no quieren perder una bolsa tan considerable de votos. Mientras los políticos se concentran en acontentar a los grupos  privilegiados  de  interés,  a  menudo  se  olvidan  de  la  «mayoría silenciosa».

Además, también tenemos que tener en cuenta el problema que tiene el efecto de la representación no vinculante. De hecho, más que un error de la democracia en general, es un fallo de la democracia representativa. Uno de los problemas es que al votar no elegimos sobre cuestiones concretas, sino que votamos partidos que tienen un programa que no es nada más que un pack de propuestas a las que tenemos que apoyar en su totalidad al momento de votar a la candidatura.  Algunas propuestas las compartimos, otras no, pero no podemos hacer enmiendas y, por lo tanto, al votar, generalmente estamos aceptando propuestas que no nos gustan. El segundo problema es que una vez los candidatos de los partidos son «representantes del pueblo» pueden hacer lo que quieran. El programa electoral que has votado puede ser incumplido en cualquier momento por parte del gobernante sin que este hecho tenga ninguna consecuencia. En el sector privado, en cambio, los contratos son de obligado cumplimiento, y existe una tercera parte que se encarga que este contrato se cumpla. Antes de la Revolución Francesa (origen de todos nuestros males, nunca es mal momento para recordarlo), lo que predominaba era el mandato imperativo. El mandato imperativo consiste en que el representado elige a una persona para transmitir y defender obligatoriamente la decisión ya deliberada y tomada por el representado. Explica Miguel Anxo Bastos en una de sus conferencias, que el Rey Carlos V hizo reunir a las Cortes en La Coruña (después de ser expulsados de Santiago de Compostela) para aprobar un nuevo tributo. El tributo se aprobó sobornando a los procuradores, que habían sido señalados por el pueblo para votar contrariamente a la creación del impuesto. Al enterarse, los procuradores fueron colgados en sus pueblos por romper el sagrado principio de mandato imperativo. En mi opinión, pues, el mandato imperativo es mucho más justo que el concepto moderno de representación por el hecho que refleja obligatoria y claramente la voluntad del representado. Pero si se deseara, sin cambiar de sistema, la opción de castigar al  representado  que  no  cumple  con  el  programa,  una  buena  opción  es incorporar el recall, un elemento que permite llevar a votación la decisión de cesar o no a un cargo público, una vez se han recogido determinado número de firmas (aunque, insisto, esto seria maquillar los defectos del sistema pero no sustituirlo).

El  hecho de  que  la  gestión  pública  siempre  estará  orientada  al  corto  plazo constituye otro de los errores. ¿Por qué? Pues porque nuestros gobernantes sufren un tipo de miopía que no los permite pensar más allá de cuatro años vista, que es cuando tienen elecciones. ¿Qué pasa si, por el bien de la economía de un país, el partido de gobierno tiene que hacer duras reformas, que son impopulares y comportan sacrificios inmediatos, pero que pueden llegar a ser beneficiosas a largo plazo? Probablemente, aunque no siempre, lo más normal es que pierda las siguientes elecciones (***). Por lo tanto, existe el incentivo por parte de los políticos de actuar a corto plazo y de tomar medidas que maximizarán sus votos, pero no el beneficio de la sociedad. Se pueden proponer soluciones para tratar de arreglar este problema, pero no siempre funcionan. Por ejemplo, se suele decir que en los Estados Unidos la limitación del cargo de Presidente a dos legislaturas hace que el Presidente, si es votado por segunda vez, pueda gobernar con el objetivo de dejar un buen legado en el país a largo plazo, al no verse obligado nunca más a luchar por la reelección. No obstante, esta medida no siempre es válida. En México, por ejemplo, el último año del mandato de un gobierno es conocido como “Año Hidalgo” (chingue a su madre el que deje algo), haciendo referencia a que, como precisamente no se tienen que volver a presentar a la reelección, despilfarran y aprovechan el cargo para beneficiarse a sí mismos, cayendo en corrupción. Deben haber muchas más soluciones para arreglar este problema, pero siempre serán maquillaje y no soluciones finales. El problema de la miopía gubernamental no lo solemos encontrar, por poner dos ejemplos, en la empresa privada y en la monarquía absoluta. La gestión por parte de empresas privadas mediante la empresarialidad a través del mercado, sin tener la necesidad de cazar votos de los diferentes grupos de interés ni de tener un horizonte temporal corto, provoca que puedan realizar las medidas, proyectos e inversiones que son beneficiosas por la empresa a largo plazo en lugar de centrarse en el efecto inmediato. Con una monarquía absoluta, si pensamos en ella como una propiedad privada de un individuo sobre el estado, pasa algo pareciendo (antes de la Revolución Francesa, ningún rey cobró más del 10% de impuestos y sus deudas eran bastante bajas si los comparamos con los actuales).

Por último, y lo mencionaré sin profundizar mucho, tenemos la carencia de incentivos para actuar de una manera eficiente. Políticos y burócratas utilizan dinero ajeno al tomar decisiones y al invertir, cosa que comporta una serie de incentivos perversos que a la vez traerán consigo ineficiencia. Un empresario, si invierte mal, lo paga él; un político, si hace algo mal, lo pagamos todos. Además, nos encontramos un problema, cuando se crea un organismo público, aunque sea totalmente inútil, es muy difícil que se acabe eliminando. Por lo tanto, ineficiencia y expansión de la estructura estatal son consecuencias de la gestión pública democrática.

A pesar de todos los problemas, encontrar una alternativa en la gestión pública democrática es un tema complejo, donde todavía hay mucho por investigar. Acabaré el artículo con la famosa frase atribuida a Churchill, «La democracia es la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las otras formas que ya han sido probadas».


(*) Ha habido algún caso donde se ha decidido el resultado de una elección por un             solo             voto.             Por             información             extra aquí: http://uspolitics.about.com/od/CampaignsElections/a/Can-One-Vote-Make-A-Difference.htm

(**)  Hay  grupos  (pequeños  comerciantes,  jubilados,  funcionarios…)  que pueden ser defendidos perfectamente por todos los partidos sean del color que sean. Pero hay otros sectores (Iglesia Católica, LGBT, sindicados, patronales…) en que no todos los partidos pueden defender los privilegios de todos al existir un trade-off (si quieres dar privilegios en la Iglesia Católica para obtener el voto a sus fieles no puedes, a la hora, conceder derechos o privilegios a los homosexuales; si quieres dar privilegios a la patronal, no podrás darlos a los sindicatos). En este caso, cada partido se especializa en un grupo diferente (ver papel del profesor Giacomo Ponzetto http://crei.cat/people/ponzetto/strategic_extremism.pdf).  No  obstante,  hay que decir que el argumento expuesto arriba sigue siendo válido: cada partido se especializa en un lobby para captar sus votos, y olvida a la mayoría de ciudadanos   que   no   están   encuadrados   en   ningún   grupo   de   interés.

(***) Me viene a la cabeza el gobierno socialdemócrata en Alemania, antes de que llegara Angela Merkel al gobierno.

Coro XandriCoro Xandri

Quasi-anarquista.

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