COMUNICADO: Huelga convocada para los próximos días 21, 22 y 23

SFL Barcelona se posiciona en contra de la huelga convocada para los próximos días 21, 22 y 23 de octubre por el Sindicato de Estudiantes y, paralela e independientemente, por el SEPC. Consideramos que el derecho a hacer huelga, a protestar o a manifestarse pacíficamente es absolutamente legítimo y defendemos el derecho a hacer huelga de aquellos estudiantes que así lo decidan. Del mismo modo, al ser la huelga un derecho individual condenamos y condenaremos firmemente toda acción de cualquier individuo o colectivo que impida por la fuerza asistir a clase a aquellos estudiantes que decidan legítimamente no secundar la huelga.

Desde SFL apostamos por devolver la enseñanza a la sociedad civil, pues en la actualidad se encuentra secuestrada por el Estado. El sector privado (es decir, la ciudadanía) es mucho más eficiente y eficaz ofertando cualquier tipo de bien o servicio que un ejército de funcionarios que tienen el privilegio de ver sus puestos de trabajo prácticamente blindados incluso ante casos de clara incompetencia.

La enseñanza no es diferente a ningún otro bien o servicio y hacer que sea un cuasi-monopolio público deteriora seriamente su calidad, haciéndola muy sensible a los ciclos económicos y, en general, a los períodos en los que las cuentas públicas flaquean. Así pues, el panorama desde el lado de la oferta plantea un escenario donde la innovación, la mejora y el enfoque hacia el mercado laboral brillan por su ausencia, resultando en que la Universidad Pública fabrica cada año ejércitos de licenciados con una formación poco adecuada a las demandas del mercado laboral y que, por tanto, éste no es capaz de absorber. Vemos, en consecuencia, a la universidad pública como parte del problema en forma de la creciente bolsa de capital humano que estamos echando a perder.

Por el lado de la demanda también existe un agudo problema: Cuando los precios son artificialmente bajos, la demanda se dispara. El precio de la matrícula que paga cada alumno de la universidad pública es sólo un 25% de su coste real, recayendo el resto del desembolso en el bolsillo del contribuyente. Así, se da la injusta situación de que personas que ni han estudiado ni estudiarán en la universidad y/o que no tienen hijos que lo vayan a hacer están pagando la carrera al desconocido de turno. Eso en el mejor de los casos, pues el extendido sistema de becas permite en muchas ocasiones la recepción del servicio gratuitamente. Bueno, gratuitamente no, con cargo al dinero de los demás y, por supuesto, contra su voluntad. La mayoría de las personas nos sentimos mal al robar al prójimo. Sin embargo, la mayoría no tiene tanto reparo si lo hace el Estado. Tal vez nos hemos equivocado de camino.

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